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EDUCACIÓN COMO DERECHO Juan Aspeé Chacón |
El Problema En Chile hace unos 6 meses se encuentra en desarrollo un movimiento social que busca generar cambios en el Sistema Educativo. Este conflicto tiene su génesis en las protestas del año 2006, cuando la “Revolución Pingüina” logró un cambio legislativo parcial que pretendía mejorar la calidad educativa en el nivel secundario. Hoy este movimiento es de amplio alcance en cuanto a los niveles de enseñanza, pues participan estudiantes secundarios/as y universitarios/as, cuyas demandas se relacionan con obtener una “Educación pública, gratuita y de calidad”. Detrás de estas propuestas, hay una profunda disconformidad con la arquitectura y práctica del sistema educacional. Los Discursos en Juego En perspectiva de F. Saussure, estamos frente a un significante (Educación) cuyo conflicto se desarrolla en la hegemonía social de sus significados, a saber; la Educación es un derecho versus la Educación es un bien. Es un conflicto desarrollado al interior del signo Educación, cuyo problema está en la relación de significación del mismo. Este problema se hace evidente al mirar las falencias en calidad y la segmentación social del sistema educativo. Para entender esto, hay que detallar qué hay detrás de cada discurso.
¿Cuál es la diferencia sustancial entre estas dos visiones, si ambas coindicen en la importancia individual y social de la Educación? Existen dos diferencias que, aunque menores en términos conceptuales, conllevan un impacto pragmático en la constitución del sistema de enormes proporciones. La primera diferencia es que, en la visión de la Educación como derecho, los beneficios sociales y particulares están en el mismo grado de importancia, pero en la visión de la Educación como bien, los beneficios sociales son simplemente el agregado de los beneficios particulares. Ver la Educación como un bien de impacto individual, con proyección a lo social, significa construir un sistema centrado en el individuo, justificándose así políticas de subsidio a la demanda y de cobro de colegiaturas, políticas económicas que aseguran individualmente la Educación al que pueda ser capaz de adquirir dicho patrimonio. En cambio, en la visión de la Educación como derecho, si el sistema no mejora el estándar de vida de la población, junto con mejorar la calidad de vida de un individuo, entonces el sistema falla. Respecto de la segunda diferencia, en la visión de la Educación como derecho, los beneficios individuales y sociales son más que el utilitarismo que pueda resultar de ellos, mientras que para la visión de la Educación como bien, estos beneficios siempre serán materiales, útiles a otros fines, en su mayor medida al proceso productivo. Entender a la Educación como derecho abre la posibilidad de que sus beneficios sean culturales, relacionales, cívicos, etc. En este sentido, la Educación no es sólo un mecanismo de movilidad social, también es una estrategia de integración social y desarrollo de ciudadanía. No obstante, ambas visiones tienen un alto riesgo de “esencializar” la metáfora de sus discursos en la práctica social, y por consiguiente, en las instituciones que imparten Educación. Ambas visiones pueden olvidarse de los beneficios de la Educación e imponer la lógica del derecho por el derecho o el bien por el bien. Existe un alto riesgo de defender estos discursos obviando sus consecuencias prácticas. El riesgo es por tanto “educar por educar”. En este sentido, la visión que determina que la Educación es un bien, está justamente situada en el error citado, puesto que hoy en día no se garantizan la emergencia de los beneficios privados de la Educación y menos la acumulación de beneficios sociales. El sistema educativo organizado bajo esta visión “educa por educar”, sin asegurar que tenga alguna utilidad social e individual. Por tanto, al menos correspondería probar si la metáfora de Educación como derecho podría no caer en este error. Como se desprende de los antecedentes conceptuales y prácticos, nuestro sistema educativo está organizado bajo la metáfora de la Educación como bien, sistema que lleva en operación 31 años. Por tanto, las preguntas que aparecen son; ¿siempre se entendió a la Educación como un bien? y ¿cuál es la génesis de este discurso que trata de reconstruir la visión de la Educación? La primera pregunta nos remite al contexto histórico y cultural en el que se engendró este modelo, mientras que la segunda pregunta nos lleva a analizar la fase crítica de este núcleo de inteligibilidad (Gergen; 1996). A) Respecto del contexto histórico y cultural en el cual se generó este sistema, es relevante una fecha, el 11 de septiembre de 1973, día en el cual ocurrió el Golpe de Estado, estableciéndose en Chile un Régimen Militar. Obviando el análisis politológico de este acontecimiento, este hecho es relevante en la medida que inició un profundo cambio sociocultural, caracterizado por la represión de discursos contrarios al nuevo régimen y la implementación de políticas económicas neoliberales, las que mercantilizaron una serie de servicios públicos, entre ellos la Educación. Bajo el Régimen Militar, en 1980 se implementó una reforma al sistema educacional, basada en la municipalización y la introducción de lógicas de mercado en este ámbito. Este sistema se naturalizó, generando la sensación (en 31 años de uso) que la Educación efectivamente es un bien, es más, es un bien exclusivo, útil sólo para algunos/as y relativamente útil a nivel social. En este sentido, una eficiente política económica y una fuerte represión, borraron el origen artificial de esta visión. B) La construcción del discurso de la Educación como derecho, puede explicarse en primer lugar, por la sencilla razón de saber que no siempre la Educación fue considerada como un bien, factor donde la memoria histórica juega un rol preponderante. Si observamos en la historia el Rol del Estado respecto de la Educación, éste ha sido el de ser el principal proveedor. La Constitución de 1833 manifestó que “La Educación Pública es una atención preferente del Gobierno”. En 1925, la Constitución establece la Educación Primaria como obligatoria. En 1927 se crea el Ministerio de Educación. En 1938, Pedro Aguirre Cerda y su “Gobernar es Educar” da un fuerte impulso a la creación de escuelas y formación docente. El Estado era amplio y su rol abarcaba desde empresario a regulador de la economía, protegiendo sectores más vulnerables de la población y con una creciente participación democrática. Desde el Golpe de Estado de 1973, el Estado adquiere un rol subsidiario, facilitando el camino al establecimiento del Mercado como proveedor de bienes y servicios antes garantizados por el Estado. En segundo término, está la existencia de sistemas alternativos. En efecto, en Latinoamérica la regla común es un sistema educativo financiado por los Estados, tal es el caso de Brasil y Argentina, países con los que habitualmente se compara a Chile. Estos países cuentan, como ejemplo, con un sistema de Educación Superior completamente gratuito. Estos sistemas se mantuvieron pese a los golpes militares sucedidos en estos países bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, que por los años 60, 70 y 80, dominó el escenario latinoamericano. Asimismo, la Globalización nos muestra que somos uno de los países más mercantilizados en Educación. Incluso el país capitalista por excelencia, EE.UU., cuenta con un sistema mixto, donde la parte pública es financiada íntegramente por el Estado. Saber que la mayor parte del mundo, no ha mercantilizado la Educación, o al menos la ha protegido, es un aliciente para poder cuestionarse la razón de que nuestro sistema sea tan distinto. En tercer lugar, un contexto democrático. La mayor parte de los y las estudiantes movilizados/as, por no decir el 100% de ellos, crecieron bajo un contexto democrático. Son los denominados “hijos e hijas de la democracia”, una nueva generación “libre” del miedo a disentir. Esta generación es indiscutiblemente distinta a la que expresaba la conocida frase de “no estoy ni ahí”. A esta generación le importan las cosas, y más profundamente, no se conforma con un aparente estado natural del sistema social. En cuarto lugar, el impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Esta generación creció en un contexto material de mayor abundancia, conectado con las “redes sociales” impulsadas por las TIC, dispuestos a organizarse más allá de las estructuras tradicionales de representación ciudadana (partidos políticos). Es una generación extrañamente acéfala en términos convencionales, se organizan espontáneamente mediante medios como Facebook y Twitter, expresan sus opiniones en muros digitales, blogs. etc. Es una generación que cuenta con un Mundo que les sirve de ejemplo y medios que les sirven para expresar su opinión “baipaseando” la estructura política tradicional. En quinto lugar, la existencia de deudores educacionales. Existe un grupo de estudiantes que no necesariamente cree que la Educación es un derecho, sino que adhiere al Movimiento Estudiantil porque sus prerrogativas como consumidor de Educación fueron vulneradas. Este grupo lo conforman aquellos que siendo estudiantes relacionados con universidades o colegios, pasaron a ser clientes de empresas educativas, para luego convertirse en deudores de bancos. En este grupo se incluyen a personas de estratos medios y altos que pagan la Educación, y también a personas de estratos socioeconómicos bajos, que reciben becas que no cubren los aranceles reales, generando una brecha que deben pagar con Fondo Solidario de Crédito Universitario o con Crédito con Aval del Estado. Este conjunto, tal vez no coincide en lo profundo de las reivindicaciones, pero si coincide en la necesidad de que el sistema no puede seguir igual. Es decir, que dentro de este grupo hay quienes conciben la educación como derecho y/o como bien, y que se unen al movimiento por el impacto que les generó el sistema en sus presupuestos. En sexto lugar, existe una incongruencia transgeneracional del discurso sobre la Educación. Quienes crearon el sistema como actualmente está en uso, se educaron en un periodo que concebía a la Educación como derecho. En efecto, previo a las reformas de 1980, la Educación estaba fuera de las leyes del mercado, pero luego los economistas formados gratuitamente en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, posgraduados en EE.UU., transportaron las lógicas de mercado a la mayor parte de los servicios estatales. Implantaron la Educación como un bien, cuando ellos disfrutaron de la Educación como un derecho. Esta inconsecuencia genera un profundo rechazo en el Movimiento Estudiantil que exige los derechos que generaciones previas, instaladas hoy en el poder, tuvieron. El Punto Muerto de las Negociaciones Una de las frases más recurrentes en ambos sectores (Estudiantes y Gobierno), es la que señala que “se está de acuerdo con el diagnóstico, pero no con las soluciones”. Se entiende que la Educación es importante a nivel personal y social, y que no se han obtenido los resultados esperados. El punto a discusión va en dos direcciones, la primera es la concepción de la Educación, ¿es un derecho o un bien?, y la segunda es consecuencia de la resolución de la primera disyuntiva, ¿es un problema de diseño del sistema o es un problema de implementación? Ambos discursos coinciden con la disparidad en calidad que existe dentro del sistema, pero no coinciden en la necesidad de eliminar la segmentación y en la mayor participación estatal. Se está en un punto muerto, porque los discursos son distintos, miran la misma problemática, pero ven distintas causas y soluciones. El Gobierno señala compartir la visión de los estudiantes respecto de la importancia de la Educación. El punto está en señalar en qué radica su importancia, ¿es importante por ser un bien o por ser un derecho? Esto, siendo pesimistas, hace inconmensurables los discursos. Es muy difícil salir del conflicto bajo la figura del consenso. Para esta generación, la política de “en la medida de lo posible” (característica de la transición encabezada por Patricio Aylwin) ya no es válida. Por otro lado, los/as Estudiantes movilizados señalan con claridad su visión de la Educación, pero el Gobierno no explicita con claridad qué piensa de la Educación. Si el Gobierno hiciera un acto de claridad conceptual señalando la visión que tiene de la Educación, puede abrirse una puerta de negociación entre discursos. Sin embargo, en la ambigüedad conceptual es difícil discutir y avanzar. Posibles Consensos Sin afán de convertirse en un solución ideal, es posible salir del conflicto eliminando la dicotomía entre derecho y bien. Esto es posible incorporando el discurso que señala que “la Educación es un medio y no un bien, ni un derecho en si mismo”. Es un medio en la medida que sirve a fines públicos e individuales. Estos fines pueden ser bienes materiales, como también inmateriales. Entonces la discusión pudiera centrase en potenciar los efectos sociales e individuales positivos de la Educación. Por tanto, si el sistema genera “daños colaterales” debe evaluarse como negativo. Si el educando no recibe una correcta habilitación laboral, el sistema falla, y si el sistema rompe la estabilidad social, el sistema falla. La visión de la Educación como medio es compatible con la visión de la Educación como derecho y también con la visión de la Educación como bien. Por ejemplo, medio y derecho pueden dialogar, ya que se puede entender que la necesidad de generar beneficios sociales y particulares, es un derecho de la sociedad y de las personas, mientras que bien y medio, pueden dialogar entendiendo a la Educación como un “bien público”, es decir, un bien que dentro de las lógicas de mercado sea cubierto por el Estado. De esta manera, se pone el acento en la función social e individual de la Educación, al mismo tiempo de romper con la posesión individual de la misma, transformándola en un activo colectivo. Por ello, si el sistema no logra que la Educación sea un bien productivo, el sistema falla, y si no logra que sea un derecho con consecuencias sociales y personales positivas, el sistema también falla. Siguiendo la lógica expuesta por Greimas (citado en Gergen; 1996), este desplazamiento conceptual puede verse de la siguiente manera;
Fuente; Elaboración propia. En base a Greimas. Educación como derecho, es un discurso opuesto a la Educación como bien, como también Socialismo se opone a Capitalismo. En otro sentido del cuadro expuesto, Socialismo se complementa con la visión de Educación como derecho, mientras que lo propio ocurre entre Capitalismo y Educación como bien. Ahora, Educación como medio se encuentra en una posición “extraña”, pues es posible complementar esta visión con la perspectiva de bien y también con la perspectiva de derecho. Además, Educación como medio es compatible con un modelo Socialista de sociedad y también con un modelo Capitalista. Por esta razón se encuentra al centro de las visiones que se oponen, se complementan, o se contradicen. La solución al punto muerto descrito, pasa entonces por reconocer los discursos en disputa; reconocer qué discurso está estructurando el sistema; cuáles son las criticas fundamentales realizadas al discurso hegemónico; y como propuesta, elaborar un discurso alternativo de Educación como medio, cambiando el eje del conflicto en la relación de significación del signo, lo que permite un complemento de visiones, que permite sobrepasar el problema de desconectar la Educación de las necesidades sociales e individuales, problema latente en la visión de Educación como derecho y patente en la visión de Educación como bien.
Epílogo La Educación, puede constituirse en la estrategia más efectiva para lograr la equidad, el desarrollo humano y la justicia social. Pero ¿quién debe garantizar estos efectos? La respuesta se mediatiza en función de cómo se conciba la Educación, ya sea como derecho humano o como bien de consumo. Entonces, ¿qué es la Educación?, ¿es un bien, un derecho, un fin en sí mismo o un medio? Para el autor, la Educación es un Medio que sirve a fines sociales e individuales, por lo cual se constituye en un derecho. La introducción de lógicas de mercado en su asignación ha provocado que se conceptualice como un bien transable en votos monetarios (Samuelson y Nordhaus; 2002) y en un fin en sí mismo, desconectado de las necesidades de desarrollo productivo del país, y fuertemente segmentada en clases sociales. No obstante lo anterior, para que el Conflicto Estudiantil se solucione, si no se logra re-construir el discurso de la Educación como Derecho, al menos es necesario que sea considerada como un Medio traducido en un Bien público, y no como un bien de consumo individual. Es decir, que sea garantizado por el Estado, poniendo atención a las consecuencias sociales e individuales del proceso educativo, donde las interrogantes económicas (qué, cómo y para quién producir educación) sean resueltas por el conjunto de la sociedad. Bibliografía
*Juan Aspeé Chacón es Trabajador Social, Universidad de Valparaíso, Diplomado en Gobierno y Gestión Pública, Universidad Alberto Hurtado,Magistrando en Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
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