El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que amplía el postnatal a 6 meses, una promesa de campaña que se materializa con algunos matices que son importantes de destacar.

En tanto trabajadora social tengo como principio fundante el bienestar y la calidad vida de las personas sin ninguna distinción de clase, grupo social, político o económico. En este sentido este beneficio no será para todas las mujeres de nuestro país, o sea no cumple con el criterio de universalidad, sino que de focalización ya que solo podrán acceder a este beneficio aquellas mujeres con contrato de trabajo  vigente  y las que cotizan en forma independiente mes a mes, alrededor de un 80%, quienes perciben un sueldo  con un tope de 30 UF mensuales (equivalente a 650 mil pesos). Así mismo, las mujeres que ganan más y quieren privilegiar su carrera (palabras de la ministra Matthei), podrán volver  a trabajar bajo modalidad de flexibilidad laboral, es decir ellas contarán con 12 semanas obligatorias de posnatal. Tras este tiempo podrán optar  por trabajar a tiempo parcial para evitar disminución de sueldo. Este proyecto ley, dividirá a las mujeres  de acuerdo con su nivel de ingreso. Así mismo, es preciso señalar que de las mujeres de menores ingresos en nuestro país, sólo el 28 %  tiene contrato de trabajo, el 72%  no cuenta con él.

Estos criterios de “flexibilidad laboral” y “focalización” nos dejan dudas ética importantes. Los derechos de las mujeres, en nuestro actual siglo, no pueden ser flexibilizados  y focalizados de acuerdos solamente a contextos históricos y culturales vigentes, si esto es así significa desconocer las luchas que nuestras antecesoras han realizados por nosotras, las cuales hemos heredado. Así mismo, debemos reflexionar con prudencia las decisiones que involucran este proyecto ley, es decir hasta qué punto estos criterios dan cuenta en justicia a un bien que es mayor, el bienestar y la calidad de vida de nuestros hijos en sus primeros años de vida, así mismo la calidad laboral de las mujeres chilenas ¿Qué sucederá con la mayoría de la población femenina que trabaja y no cuenta con contrato laboral?

Por lo mismo, el principio de flexibilidad y focalización puede esconder un principio utilitarista en donde el carácter universal del derecho a la vida (tomar la decisión de tener un hijo) y el de la dignidad,  en los primeros años de un ser humano, sea transable por criterios economicistas.  Es decir, aquellas mujeres que “privilegien” su carrera profesional y que perciban ingresos inferiores a los $650 mil van  a posponer la decisión de tener hijos y esperarán hasta alcanzar mayores ingresos. Por su parte, las mujeres con mayores ingresos, deberán decidir si vuelven a trabajar  luego de las doce semanas de posnatal obligatorio, para mantener su nivel económico. Así bien, el bienestar y la calidad de vida  de nuestros hijos y nietos pueden convertirse solo un medio para calcular los mejores ingresos.

Un proyecto ley de esta envergadura requiere de la participación decidida de la ciudadanía, ya que afectará a nuestra comunidad, me pregunto si se consultó a las organizaciones de mujeres y trabajadoras de manera tal que ellas se hubieran convertido en interlocutoras válidas, para asumir también las consecuencias que tiene o tendrá este proyecto ley. 

En esta reflexión debemos tomar conciencia que son decisiones también éticas las que están en el fondo de un proyecto como este.  Si esto es así, es preciso que como ciudadanos deliberemos bien, con el objeto de tomar buenas decisiones, ella que nos permitirán legitimarnos ante una sociedad que nos interpela día a día en nuestro quehacer social, político y profesional.

* Cecilia Aguayo Cuevas es Trabajadora Social de la PUC, Chile. Magister en Políticas de Formación y Psicopedagogía de la Universidad Católica de  Louvain La Neuve, Bélgica; Doctor en Filosofía mención Epistemología de las Ciencias Sociales de La Universidad de Chile. Directora Escuela Trabajo Social de la UNAB